La prueba diabólica y la probanza de las necesidades del alimentista menor de edad: El imposible probatorio que enfrentan las personas de escasos recursos
DOI:
https://doi.org/10.71068/nen8f892Palabras clave:
prueba diabólica, poblaciones vulnerables, derechos alimentarios, flexibilización probatoria, hechos notoriosResumen
En el presente artículo se ha analizado la problemática de la prueba diabólica, en los procesos únicos de alimentos en el Perú, específicamente en los juzgados de paz de letrado de la Corte Superior de Justicia de Cusco, ello a raíz, de que los jueces exigen a las personas de escasos recursos, en situación de pobreza extrema, madres solteras, acreditar las necesidades alimentarias mediante estándares probatorios de imposible consecución. Es por ello, que, a través de una metodología cualitativa basada en análisis doctrinal, jurisprudencial, así como la observación directa de casos, se examina cómo los demandantes de alimentos, atraviesan una dura e inflexible carga probatoria, que vulnera distintos derechos y principios, como la tutela jurisdiccional efectiva, principio de socialización del proceso y sobre todo el principio del interés superior del niño, niña y adolescente. Los resultados obtenidos en la investigación, evidencian que los jueces que deberían aplicar una justicia de paz, exigen en sus decisiones, cargas probatorias desproporcionadas e inalcanzables, que trascienden a prueba diabólica, lo que impide el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables, quienes siempre son amparados con montos alimenticios ínfimos e irrisorios. Finalmente, la presente investigación, aporta discusiones relevantes en la praxis judicial, así como concluye que es necesario que los jueces tengan un rol tuitivo en la protección de los derechos de las partes más vulnerables, así como flexibilicen la carga probatoria, y la aplicación de los hechos notorios, para salvaguardar la efectiva protección de los derechos alimentarios de niños, niñas y adolescentes, recomendándose que la decisiones se orienten a una valoración judicial, bajo principios de equidad y justicia social.
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