El poder del Estado para regular el ejercicio del derecho de apelación

Resumen

El derecho a recurrir fue reconocido como un derecho fundamental inherente a la persona humana, protegido en diversos niveles normativos. El propósito del estudio fue analizar la facultad del Estado ecuatoriano para regular el ejercicio de dicho derecho. El enfoque empleado fue cualitativo, bajo el paradigma interpretativo y el método hermenéutico. Se utilizó el método documental jurídico, basado en una revisión sistemática de bibliografía clave relacionada con el tema. Los resultados indicaron que, conforme al principio de convencionalidad, el Estado ecuatoriano contaba con la facultad de regular el derecho a recurrir, siempre que se respetaran los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos por la CIDH. Las conclusiones revelaron que la Corte Constitucional había aceptado ciertas regulaciones sobre el derecho a recurrir, destacando que no se trataba de un derecho absoluto y que otorgaba al legislador la facultad para imponer limitaciones. Aunque el derecho a interponer recursos estaba protegido, las limitaciones debían ser valoradas cuidadosamente para garantizar la protección de otros derechos.