El dilema ético de la justicia constitucional en Bolivia (2019– 2024): ¿puede una constitución descentralizada garantizar los derechos humanos universales?

Resumen

Este artículo analiza el impacto estructural y simbólico que ejerce la cultura de corrupción en Bolivia y sus implicancias en la configuración de la responsabilidad penal de los servidores públicos. Desde un enfoque jurídico-doctrinal complementado con evidencia empírica, se examinan los principales mecanismos legales establecidos en el ordenamiento jurídico boliviano para la persecución y sanción de delitos vinculados a la corrupción pública. Los hallazgos revelan una profunda disfuncionalidad entre la norma escrita y la práctica institucional, caracterizada por la baja efectividad en la persecución penal, la débil autonomía de las instituciones encargadas y una aplicación selectiva del derecho penal.

El artículo sostiene que esta situación está estrechamente relacionada con una cultura de impunidad arraigada, la naturalización de prácticas ilícitas dentro del aparato estatal y la instrumentalización política del sistema penal, lo cual desvirtúa los principios básicos del Estado de Derecho y debilita el carácter garantista de la justicia penal. En respuesta a este panorama, se plantea la necesidad de una reinterpretación garantista del sistema sancionatorio, que no solo fortalezca la legalidad penal, sino que también promueva mecanismos de prevención estructural.

Se propone, además, el fortalecimiento institucional de la Fiscalía Especializada en Corrupción, la implementación de políticas de transparencia activa, y una reforma integral orientada a la profesionalización del servicio público. En definitiva, el estudio aboga por una transformación profunda de la cultura institucional boliviana, en la que la lucha contra la corrupción se articule con el respeto a las garantías penales y la construcción de una ética pública democrática.